La sanción de la Ley 1556 conocida como Ley "Filmación Colombia", fue el hecho más relevante en 2012 para las huestes cinematográficas, aunque estemos aún pendientes de su desarrollo e implementación. El siguiente texto fue escrito para el portal Razón Pública y publicado en los días siguientes a la aprobación del nuevo marco legislativo.
Hollywood en la Casa de Nariño
La noche del
11 de julio de 2012, Juan Manuel Santos, hombre de mundo como el
que más, fue la cabeza de un penoso espectáculo provinciano, muy a pesar de
que, al decir de la revista Arcadia:
“En el evento estaba no solo la crema y nata del cine nacional, sino que se oía
inglés por todas partes” (No 82, p. 6).
El
presidente de los colombianos, que en la mañana y tarde de ese mismo día había
fracasado ruidosamente en su intento de diálogo con los indígenas del sur del
país, se sentía como pez en el agua entre las divas y divos que colmaban los
patios exteriores de la Casa de Nariño, a quinientos años luz de la incómoda
insurrección caucana. El glamuroso escenario fue preparado para la sanción de
la ley 1556 de 2012, “Por la cual se
fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas
en Colombia”.
Con un
discurso generoso en guiños a la farándula local (¡qué bien lees el teleprompter Mr. President!), fragmentos
de películas de impronta Hollywood y una selección musical que delata muy bien
la idea de cine que se quiere atraer a Colombia (Walt Disney et al.), Santos rubricó el esperpento,
con el poder legitimador de personajes como Amparo Grisales, Manolo Cardona (a
quien el presidente dio la bienvenida pública a su familia), Isabela
Santodomingo o Paula Jaramillo. “Hoy se firma le ley para que Hollywood venga a
hacer cine a Colombia”, tituló sin asomo de vergüenza en primerísima primera
plana El Tiempo del 11 de julio, como
si todo el cine del mundo se redujera a ese mantra.
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| El saludo fraternal de Juan Manuel Santos y Manolo Cardona |
Baja autoestima, alta rentabilidad
¿Pero qué se
esconde debajo de esta ley que tiene tan férreos –y pocos defensores–? ¿Quiénes
serán sus rentistas? ¿Quiénes medran a su alrededor y serán invitados a la mesa
y quiénes, en cambio, se quedarán con las migajas? Tras largas e intestinas
discusiones, en las que participó lo más granado de la escena cinematográfica
local, y nuestro honorable Congreso, el texto de la ley arranca con una
auténtica piedra filosofal: “Artículo 1°. Objeto.
Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad cinematográfica
de Colombia, promoviendo el territorio nacional como elemento del patrimonio
cultural para la filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad turística
y la promoción de la imagen del país, así como el desarrollo de nuestra industria
cinematográfica. Lo anterior, de manera concurrente con los fines trazados por
las Leyes 397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural del cine,
todo ello dentro del marco de una política pública diseñada para el desarrollo
del sector cinematográfico, asociado a los fines esenciales del Estado”.
El
texto incurre en sutiles mentiras y contradicciones, y pasa de agache frente a
la dificultad de juntar en un mismo costal la cultura, la actividad turística y
la promoción de la imagen del país. Por supuesto, estamos en una época donde
las industrias creativas han demostrado suficientemente el alcance económico de
la cultura, pero no es menos cierto que toda actividad artística debe estar,
por principio, desligada de las agendas del poder (promoción de la marca país,
buena imagen). ¿Quiere esto decir que habrá un ojo avizor que impida que
Colombia sea asociada de nuevo, como lo fue en otras épocas en el cine filmado
en el país por extranjeros, a vengativas y celosas amazonas, sangrientos
caníbales, contrabandistas, capos de poca monta y otra suerte de prejuicios que
iban del trópico a la selva, y del oro a las esmeraldas, pasando por la coca?
El
simple artículo 1º, que no es lo más importante pero supone el derrotero
conceptual del que se partió, revela viejas ansiedades no resueltas, una
bajísima autoestima y un débil posicionamiento geoestratégico. ¿Así es como
vamos a jugar en el complejo entramado transnacional del cine? ¿Ofreciendo
paisaje y bellezas naturales, bellas y obsequiosas mujeres, supinos
funcionarios, mano de obra barata y no sindicalizada? Por supuesto que al gran
músculo financiero del cine internacional le interesa filmar en países donde
pueda evadir una que otra incomodidad y uno que otro costo, como ha ocurrido en
Puerto Rico, Hungría o Nueva Zelanda. Es puro sentido práctico, no interés real
por Colombia, lo que va a convocar la soñada inversión.
En
resumen, la ley tiene atractivas promesas para la inversión extranjera
(devolución del 40% de lo gastado en servicios cinematográficos y un 20% de lo
invertido en otros conceptos como hoteles y pasajes) y muy pocas talanqueras
que regulen los modus operandi del
capital internacional del cine en el país.
Menos cultura, más turismo
La
ley no es concurrente con la 397 o Ley General de Cultura, de 1997, que si bien
dejaba una puerta abierta a las industrias culturales, todavía, y en el
espíritu de la Constitución del 91, pensaba la cultura en términos de identidad
y memoria, y la defendía como la expresión de una diversidad, no pocas veces
incómoda (como la de los indígenas, para ir bien lejos). Ni con la ley 814 de
2003 o (primera) ley de cine, que aunque daba un paso adelante para consolidar
la industria cinematográfica fue capaz de generar un consenso alrededor suyo, a
pesar de que haya tenido grandes y claros beneficiarios como Cine Colombia. Pero
ese consenso y legitimidad social ganado por el cine colombiano, la
institucionalidad que estaba en proceso de consolidación, la energía de una
masa cada vez mayor de personas interesadas y dispuestas a integrarse en el cuerpo
social haciendo películas, ahora está en su más dura prueba.
En
esta nueva ley solo se habla de dinero e inversión, y de garantías para el
capital extranjero, y no entiende uno muy bien que hace un Ministerio de
Cultura obsesionado en conseguir su aprobación y gastando su poco capital
político en esta iniciativa, que bien podría haber sido tramitada solo por el
Ministerio de Turismo.
La
nueva ley, en cambio, es concurrente con los pactos de estabilidad tributaria,
con los tratados de libre comercio firmados asimétricamente por Colombia con
otros países, con las leyes que garantizan la explotación minera de nuestro
territorio. Es expresión de un país ansioso por ponerse en venta y al mejor
postor. Los beneficiados en este caso son, por el lado local, las pocas
empresas con la infraestructura para ofrecer servicios competitivos a la
inversión extranjera, lo cual explica la satisfacción de algunos empresarios y
productores, los más sólidos financieramente. Pero en el camino quedará un
reguero de pequeñas empresas, un cine nacional con tendencia a que se disparen
sus presupuestos y una vía bastante incierta para el cine más arriesgado y
menos comercial. Un productor nacional ahora podrá hacer películas cinco o diez
veces más caras, dejando de lado los mecanismos disponibles en la vieja ley de
cine, la de 2003, que preveía un férreo y sensato mecanismo de topes a la
inversión para evitar la especulación o el lavado de activos, y yéndose a jugar
a las grandes ligas. Conociendo nuestra megalomanía, ya es fácil prever lo que
puede pasar.
¿Transferencia
de conocimientos? ¿Posibilidad de que crezca la capacidad tecnológica
instalada? ¿Generación de empleos cualificados? Conviene decir que uno de los
sectores donde más reina la informalidad y el abuso laboral es en la producción
audiovisual colombiana, y ese personal técnico acostumbrado al maltrato es
parte de lo que vamos a poner en bandeja de la codicia extranjera. ¿Incremento de
la buena imagen del país? ¿Alguien recuerda algo distinto a Dania de la famosa
cumbre de Cartagena?
Leyes a la medida
500
años después del poco amigable descubrimiento y conquista del territorio de la
actual Colombia, con su consecuente exterminio cultural y sus bien escogidas
víctimas, asistimos a nuevas formas de masacre cultural, ahora mucho menos
sangrientas y más sofisticadas.
La
ley no está asociada a los fines
esenciales del Estado, a no ser que el investigador Luis Jorge Garay tenga
razón al decir que estamos ante una reconfiguración cooptada del Estado, que
ocurre en distintas escalas. Si el Estado moderno se fundó para poner en pie de
igualdad a todos los ciudadanos y proteger a los más débiles frente al abuso de
los poderosos, estaríamos recorriendo un camino de vuelta a lo más hobbesiano
del espacio social. Para la aprobación de la ley de cine 814 de 2003 la
poderosa Cine Colombia chantajeó al estamento cinematográfico de entonces -y lo
sigue haciendo- para garantizarse la mejor parte de la tajada, el poder de
decidir lo más importante y el más generoso retorno de inversión. Sin el lobby
de la poderosa distribuidora y exhibidora no habría ley y el débil cine
colombiano no hubiera tenido esa base para operar. Eso se ha aceptado como un
mal necesario. Lo mismo pasa con la nueva ley. En vez de hacer las cosas bien
de entrada, con leyes justas y proporcionadas, nos resignamos a engendros
contrahechos, con la idea conformista de que al menos tenemos algo. Y así nos
va. En el Cauca en cambio son extremistas e incómodos. ¡Qué viva el
espectáculo!
